Fiscal nacional prohíbe el juego en casinos a fiscales.
El fiscal nacional de Chile, Sabas Chahuán Sarras, dictó un instructivo interno, a fines de junio pasado, que prohíbe a los fiscales y otros funcionarios de la institución asistir a “los 12 recintos de juegos que funcionan a lo largo del territorio para realizar apuestas”. El documento se basa en un artículo de la propia Ley de Casinos que prohíbe la realización de apuestas a los funcionarios públicos y municipales, "que en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos".
Los funcionarios del Ministerio Público que quedan sujetos a la prohibición son directa o indirectamente, “quienes administran recursos públicos o de particulares, lo que, de alguna forma, los puede situar en una situación de mayor vulnerabilidad". La restricción afecta a todos los funcionarios del Ministerio Público que administran fondos de cualquier naturaleza, a los fiscales adjuntos, regionales, incluyendo al propio fiscal nacional, Sabas Chahuán Sarras.
El instructivo también afecta “a todos los gerentes de recursos humanos de las fiscalías, de informática y encargados de unidades de víctimas y personas que trabajan en la custodia de las especies recuperadas de delitos”. La restricción dictada por Chahuán Sarras comprende solamente acceso y participación en las salas de juego, pero no a los restaurantes u hoteles de los casinos, o las apuestas hípicas o deportivas.
Alan Céspedes, presidente de la Asociación de Casinos de Chile, dijo: “Me parece bien, entendiendo que es una articulación extensiva de la Ley de Casinos en relación a la norma a los funcionarios públicos. Lo que no me parecería bien es que la prohibición fuera por el sólo hecho de ser casinos de juegos. Somos una empresa regulada, con fiscalización".
El fiscal Mauricio Lártiga, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, dijo que la instrucción será acatada, aunque la están analizando para hacer algunas observaciones. "Está en estudio la posibilidad de conversar con el fiscal nacional para hacerla menos extensiva y dejarla a los funcionarios que efectivamente manejan fondos públicos", sostuvo.
Fuentes de tribunales indicaron que la prohibición no tiene validez en el Poder Judicial, y ha generado molestia en algunos fiscales, que prefirieron no identificarse, señalando que los casinos no son lugares ilícitos y que la medida es exagerada. Lo que no se sabe tampoco es si la prohibición concierne al juego por Internet.
El documento establece que los funcionarios que no cumplan con la prohibición se arriesgan a una multa que fluctúa entre los US $200 y US $1.000. Lo que si es cierto, es que el instructivo establece que quienes no cumplan con este, pueden constituir una falta que es causal para terminar el contrato de trabajo o destitución del cargo.
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